"En nuestro país, la violación de los derechos humanos se ha convertido casi en algo tradicional. Esta violación, tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho adjetivo penal. En Venezuela, el estado de Derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los poderes", señala el informe.
Indican que desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder las violaciones al Estado de Derecho "han sido constantes". Sostienen que se utiliza al Poder Judicial para "la persecución de la disidencia política", y agregan que un grupo de jueces y fiscales "que no gozan de ninguna estabilidad en sus cargos, se han convertido en el arma predilecta del Poder Ejecutivo, para sancionar a aquellos que se atrevan a disentir del Gobierno".
Precisan que el motivo para acudir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU , es porque en el país "es imposible que obtengan justicia los disidentes sobres los cuales pesan estos injustos e ilegales procesos judiciales".
El informe denuncia la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el uso del sistema de administración de justicia para la persecución de la disidencia; las violaciones a la inmunidad parlamentaria, entre los que citan los casos de Richard Blanco, Hernán Alemán, Freddy Curupe, Biagio Pilieri y José Sánchez Montiel (Mazuco).
También hacen mención a los casos de venezolanos en el exilio como el de Manuel Rosales; así como Eduardo Lapi, Didalco Bolívar y Ramón Martínez, todos ex gobernadores de los estados Yaracuy, Aragua y Sucre respectivamente, entre otros. Los casos de presos políticos venezolanos como el de Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero, Marco Hurtado, entre otros; así como el relacionado con la ex jueza María Lourdes Afiuni.
