Para Delsa Solórzano declaraciones de Chávez contra la CIDH constituyen una flagrante inconstitucionalidad

Para Delsa Solórzano declaraciones de Chávez contra la CIDH constituyen una flagrante inconstitucionalidad

La Coordinadora de la Comisión Especial de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, rechazó las declaraciones emitidas ayer por el Presidente de la República contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde, textualmente les mandó a lavarse el paltó.

Solórzano también recordó que el Estado tiene la obligación de acatar las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Para esta dirigente política esto supone un hecho "vergonzoso" al venir de un Jefe de Estado, a la vez que denota "la vocación totalitaria del señor Chávez, al constituir una flagrante inconstitucionalidad".

Solórzano explicó que según el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "la cual el propio gobierno ha denominado como La Bicha que nadie puede dejar de seguir, el Estado tiene la obligación de cumplir las medidas que dicten los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, en la que se encuentra por supuesto la CIDH, que además es la que litiga en la Corte Interamericana en contra de los que violan los derechos humanos".

La abogada enfatizó que la CIDH ha sido la encargada de "proteger a los pobres de nuestro país, no a las clases oligarcas". Y puso como ejemplo varias decisiones adoptadas por este organismo internacional, como la Masacre del Amparo, "a la cual el Estado venezolano no dio repuesta a las personas afectadas, que fueron pobres de este país". En segundo lugar habló de los hechos ocurridos en el retén de Catia, donde tuvo que ser la CIDH quien ser pronunciará y no el gobierno venezolano, al igual que pasó en el caso de los desaparecidos de Vargas.

Solórzano hizo especial hincapié en el caso de El Carachazo, "la bandera política que utiliza este régimen para justificar el golpe de estado que dio el señor Chávez en el año 1992", recordando que "a las personas muertas y desaparecidas del Caracazo la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio respuesta cuando el Estado venezolano no lo hizo".

Por todo ello, a esta dirigente política le llama poderosamente la atención que "se mande a lavar el paltó a una instancia internacional a la cual Venezuela tiene la obligación de acatar, ya no sólo por el artículo 31 de la Constitución, sino por el artículo 33 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene rango constitucional en nuestro país".

Añadió que si el Estado venezolano ha reconocido la vigencia de la CIDH, ésta no puede ser utilizada por Chávez y su gobierno "para lo que le de la gana", porque "la vigencia de la CIDH es para la defensa de los derechos humanos, priva sobre cualquier decisión y es de obligatorio cumplimiento para todos los estados firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

HDA
Globovisión/UNT Publicado el 28-04-2007