La oposición venezolana ha presentado ante la ONU un informe en el que exponen la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y la "politización del sistema judicial", así como la realidad que viven los "presos políticos" y los partidos contrarios al Gobierno de Hugo Chávez.
El documento lleva por nombre 'El Caso Venezuela' y ha sido presentado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reúne a los principales partidos de oposición del país. Se espera que su contenido sea analizado el próximo mes de octubre en el marco del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos que realiza la ONU , informa la MUD en un comunicado.
"En Venezuela, el estado de derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo", ha explicado la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano.
La oposición destaca que en Venezuela "la violación de los Derechos Humanos se ha convertido casi en algo tradicional" y sus "principales aristas" estarían "en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho adjetivo penal", ha subrayado la legisladora.
Esta situación --según Solórzano-- se habría convertido en una constante desde que Chávez asumió el poder en 1999. "Una serie de jueces y fiscales que no gozan de ninguna estabilidad en sus cargos, se han convertido en el arma predilecta del Poder Ejecutivo, para sancionar a aquellos que se atrevan a disentir del Gobierno", ha denunciado.
En el informe se detalla la situación de los opositores que han sido detenidos durante el mandato de Chávez, quienes son considerados por la oposición como "presos políticos", a pesar de que organizaciones internacionales no los han reconocido como tal.
"Por motivos netamente políticos, han sido encarcelados y perseguidos dirigentes estudiantiles, sindicales, periodistas, líderes de partidos políticos y ciudadanos comunes que de alguna manera se han opuesto al accionar totalitario del Gobierno de Hugo Chávez", ha afirmado Solórzano.
"Habiéndose agotado la vía interna, sólo queda como opción acudir a las instancias internacionales para poder hacer respetar los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos venezolanos", ha destacado la parlamentaria.
FRENAR LAS INHABILITACIONES
Por otra parte, el secretario ejecutivo de la MUD , Ramón Guillermo Aveledo, ha enviado una carta a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que pide mediar para poner fin a las inhabilitaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Chávez contra políticos de la oposición que ahora no pueden aspirar a cargos públicos.
"Estimamos fundamental para la institucionalidad democrática y los Derechos Humanos en Venezuela, que la CoIDH ponga freno a la práctica nociva e ilícita de adoptar inhabilitaciones políticas al margen del proceso judicial y del proceso penal", expresa Aveledo en el documento divulgado por la coalición opositora.
Aveledo afirma que la aplicación de esta práctica "ha estado animada por la voluntad de cercenar los derechos de participación política de aquellos dirigentes que no compartan la propuesta política gubernamental".
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