La alianza opositora venezolana presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe en el que denuncia que en Venezuela existe "persecución política" y una "politización" del sistema judicial, además de 22 supuestos presos políticos.
Delsa Solórzano, coordinadora de asuntos de derechos humanos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), plataforma que agrupa a 65 de los 67 diputados de la oposición en el Parlamento, indicó que en el informe señalan, entre otros aspectos, que "el propio presidente (Hugo Chávez) condena a las personas".
La legisladora aseveró que en Venezuela existen actualmente 22 presos políticos "porque el sistema judicial está politizado" y sus representantes "cumplen órdenes del presidente", situación que, dice, está narrada en el informe enviado a la ONU.
"A Chávez le importa más lo que digan fuera del país que lo que se denuncia adentro", indicó la también diputada del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), al explicar que por ello han recurrido a instancias internacionales para denunciar "lo que ocurre en el país".
Solórzano aseguró que siete personas liberadas recientemente tras una huelga de hambre de un grupo de estudiantes están siendo víctimas de "persecución política" pues aún pesan medidas judiciales sobre ellas, y defendió la denominación de presos políticos que utiliza la oposición para esas y otras 22 personas.
"Son presos políticos cuando la razón por la cual lo condenan obedece a causas políticas, más allá del delito que se le imputa, cuando hay una distribución de expedientes judiciales a oscuras (a escondidas)", indicó la diputada, en alusión al caso del diputado José Sánchez, condenado a 19 años por el asesinato de un policía.
Solórzano explicó, asimismo, que en casi todos los casos que reclama la oposición, los jueces han sido escogidos a dedo, al igual que los fiscales.
En un comunicado, la MUD destacó que en el informe se señala que en Venezuela "la violación de los Derechos Humanos se ha convertido casi en algo tradicional" y existe "falta de aplicación del debido proceso".
"El estado de Derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los Poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo", agrega el texto en el que se denuncia "la utilización del secuestrado Poder Judicial para la persecución de la disidencia política".
Además, señalan que "una serie de jueces y fiscales que no gozan de ninguna estabilidad en sus cargos, se han convertido en el arma predilecta del Poder Ejecutivo, para sancionar a aquellos que se atrevan a disentir del Gobierno".
El informe formará parte de la sesión que el Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU dedicará a Venezuela, dentro del Examen Periódico Universal el próximo 7 de octubre, y en el que participarán diferentes organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos.
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