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Delsa Solórzano, Coordinadora de la Comisión Especial de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo, afirmó que Eduardo Lapi, ex gobernador de Yaracuy, además de ser un preso político del actual gobierno, es una víctima de la situación carcelaria que vive Venezuela.
Solórzano explicó hay dos antecedentes a la fuga del ex gobernador yaracuyano, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe en el que expresaba su preocupación por la situación carcelaria en Venezuela. "Este informe dice que el Estado venezolano es el responsable de garantizar la vida y la integridad física de los presos. Además, dicta una medida cautelar en relación con la cárcel de La Pica en Monagas, porque considera que no se garantizan los derechos humanos ni la vida de nuestros presos".
En este sentido aseguró que con una situación carcelaria como la actual, es claro que "menos aún se garantiza la vida de un preso político que está siendo tratado como un preso común". A esto hay que sumar que pocos días antes de la fuga del ex gobernador de Yaracuy hubo un motín en su centro penintenciario lo que manifiesta "que efectivamente Eduardo Lapi temía por su vida porque el estado no se la garantizaba".
Esta situación ha sido reconocida por el Ministro de Relaciones Interior y Justicia, quien ha declarado que es cierto que se han cometido errores y se han infringido los reglamentos ya que nadie sabía dónde estaban las llaves del penal.
Por todo ello Solórzano, aunque no avala de ningún modo la evasión, entiende que "si unimos todos estos hechos es lógico que una persona como Eduardo Lapi, que es un perseguido político, considerase la fuga como único medio de escapatoria de un sistema penitenciario absolutamente politizado".
La dirigente de Un Nuevo Tiempo aseguró que la dirección del sistema carcelario venezolano no está en las manos adecuadas, algo que se demuestra con la fuga de Eduardo Lapi, Carlos Ortega, Carmona y "el Boyaco", un narcotraficante colombiano que se evadió de un concierto en el Poliedro al que fue escoltado por la DISIP. "Pero del caso de "El Boyaco" no se habla y yo quisiera saber quienes son los responsables de la fuga de este narcotraficante".
Solórzano puntualizó que Eduardo Lapi, a diferencia de lo que declaró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, no cometió ningún delito al fugarse. "Según el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, las fugas de los procesados no son delitos si no se llevan a cabo hechos de violencia y entendemos que el señor Lapi no utilizó la violencia para fugarse, entonces Lapi no cometió delito alguno".
La Coordinadora de la Comisión Especial de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo, adelantó que los abogados del ex gobernador de Yaracuy declararon que Eduardo Lapi estaría pensando pedir asilo político.
"Lapi sería merecedor de asilo político por todas las causas que rodean los hechos, además que se le atribuya la realización de un delito común no es obstáculo para considerarlo un preso político, ya que esas son tácticas comunes de regímenes dictatoriales".
Solórzano explicó que para considerar a un ciudadano un preso político hay dos premisas que deben cumplirse, algo que ocurre en el caso de Eduardo Lapi. "En primer lugar que la prisión sea por razones políticas y Lapi fue perseguido políticamente por funcionarios del Estado Yaracuy. En segundo lugar la ausencia absoluta del cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal que establece que la audiencia preliminar se haga entre 10 y 20 días máximo de presentada la acusación y Lapi llevaba cerca de 10 meses sin la realización de dicha audiencia".
