Articulo publicado en el Diario El Universal el 10/05/2007. Delsa Solorzano// El Presidente y la OEA

Delsa Solórzano // El Presidente y la OEA

La CIDH ha sido una protección para los más débiles y seguro lo será de RCTV
Hace pocos días el Presidente nos abochornó mandando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a "lavarse el paltó" (sic). Este hecho, de suyo inconstitucional, denota el talante totalitario del régimen, pues, según el Art. 31 de nuestra Carta Magna, el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Léase, es un mandato constitucional, independiente de los antojos del gobernante de turno.

La CIDH ha jugado un papel crucial en la protección de los derechos humanos de los más desposeídos en Venezuela. Ha socorrido a los débiles precisamente cuando el Estado no lo ha hecho. Citemos cuatro casos emblemáticos: la masacre de El Amparo; los hechos del retén de Catia donde fallecieron algunos reos a causa de un incendio; los desaparecidos de Vargas cuando la tragedia de 1999 y finalmente, el Caracazo, caso con el cual el régimen ha pretendido justificar su golpe de Estado de 1992. En todos esos casos, este gobierno ha reconocido la competencia de la Corte. ¿Por qué ahora ignorarla y, peor aún, mandarla a "lavarse el paltó"?

La respuesta se adivina: la CIDH conocerá de los casos de violación de libertad de expresión y probablemente lo hará también en lo relativo a la amenaza del régimen sobre el cierre de RCTV. Está claro que el régimen sólo gusta de la Corte cuando le conviene.

Se amenaza también con divorciar a Venezuela de la OEA, como si eso dependiera del capricho del presidente en funciones. Tal acción coartaría la protección de los derechos humanos de los venezolanos. Sólo algunos dictadores (Fidel de Cuba y Fujimori de Perú) han quedado fuera de este sistema interamericano. Y los platos rotos los han pagado y pagan los ciudadanos de a pie de esos países al verse en situación de indefensión frente a los abusos de esos totalitarios gobernantes. Esta amenaza de sacarnos del sistema interamericano, ¿es premonición de una declaración de dictadura en Venezuela? La ciudadanía debe plantarse firme frente a tal fanfarronada.

Pero, dejando aparte el espantajo de este nueva amenaza, algo debe quedar diáfano: si la CIDH decidiera a favor de los ciudadanos que a ella han ocurrido y de RCTV, estaría actuando en favor de los pobres de Venezuela, no de las oligarquías como afirma el Presidente.

En Venezuela las instituciones están bajo secuestro. El sistema de justicia se dedica a la cacería de la disidencia política, abandonando su labor fundamental, cual es penalizar a la delincuencia e impartir justicia. Los medios de comunicación social se han convertido en el único canal que resta a los débiles para denunciar sus penurias, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la estafa gubernamental de las promesas incumplidas de vivienda o los créditos que llevan ya casi 9 años esperando. La CIDH ha sido una protección para los más débiles, y de seguro lo será en la defensa de nuestra RCTV.

Dirigente de Un Nuevo Tiempo