La Comisión de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo ofrecerá apoyo y ayuda legal a los perseguidos políticos del estado Táchira, quienes corren el peligro de volver a la cárcel debido a la decisión de la Sala de Casación del TSJ penal que declaró sin lugar el recurso de Casación presentado por la defensa de los también llamados presos políticos del estado andino.
Así lo informó la coordinadora de esta comisión, Delsa Solórzano, quien advirtió que acudirán a todas las instancias internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, "para denunciar que la sentencia ha violado el debido proceso de los acusados, porque ya fueron juzgados y se demostró la inocencia de todos, lo que evidencia la persecución política de estos ciudadanos."
Solórzano recordó que el mismo mandatario del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, reconoció que los acusados no habían hecho nada y que simplemente rondaban las inmediaciones de la Gobernación durante los hechos de abril de 2002. Por ello lamentó que en Venezuela ya sea una costumbre el uso de los jueces y de todo el sistema de administración de justicia para hostigar a la disidencia política y no para castigar a la delincuencia que azota en todo el país.
jueves, agosto 02, 2007
UNT brindara auxilio legal a Presos Politicos del Tachira
Un Nuevo Tiempo auxiliará legalmente a presos del Táchira
La coordinadora nacional de la Comisión de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo (UNT), Delsa Solórzano, informó que este partido ofrecerá ayuda legal a los perseguidos políticos del estado Táchira, que corren peligro de volver a la cárcel por la decisión de la Sala de Casación del TSJ que declaró sin lugar el recurso presentado.
"Acudiremos a todas las instancias internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para denunciar que la sentencia ha violado el debido proceso de los acusados, porque ya fueron juzgados y se demostró la inocencia de todos. Esta situación evidencia la persecución política de estos ciudadanos", dijo Solórzano, quien recordó que el gobernador de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, reconoció que los acusados no habían hecho nada y que simplemente rondaban las inmediaciones de la Gobernación durante los hechos de abril de 2002.
Lamentó que en Venezuela ya sea costumbre el uso de la administración de justicia para hostigar a la disidencia política en lugar de castigar a la delincuencia.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Danny Ramírez y el periodista Gustavo Azócar, quienes junto a otras tres personas más conforman el grupo que en cualquier momento puede volver a prisión. Ramírez aseguró que en Venezuela no hay Estado de Derecho y aseguró que la decisión carece de legalidad porque se les acusa como facilitadores.
La coordinadora nacional de la Comisión de Derechos Humanos de Un Nuevo Tiempo (UNT), Delsa Solórzano, informó que este partido ofrecerá ayuda legal a los perseguidos políticos del estado Táchira, que corren peligro de volver a la cárcel por la decisión de la Sala de Casación del TSJ que declaró sin lugar el recurso presentado.
"Acudiremos a todas las instancias internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para denunciar que la sentencia ha violado el debido proceso de los acusados, porque ya fueron juzgados y se demostró la inocencia de todos. Esta situación evidencia la persecución política de estos ciudadanos", dijo Solórzano, quien recordó que el gobernador de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, reconoció que los acusados no habían hecho nada y que simplemente rondaban las inmediaciones de la Gobernación durante los hechos de abril de 2002.
Lamentó que en Venezuela ya sea costumbre el uso de la administración de justicia para hostigar a la disidencia política en lugar de castigar a la delincuencia.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Danny Ramírez y el periodista Gustavo Azócar, quienes junto a otras tres personas más conforman el grupo que en cualquier momento puede volver a prisión. Ramírez aseguró que en Venezuela no hay Estado de Derecho y aseguró que la decisión carece de legalidad porque se les acusa como facilitadores.
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