Artículo publicado en el Diario El Universal, el 16 de febrero de 2005. POR LA MISIÓN JUSTICIA/ DELSA SOLORZANO

D`lsa Solorzano // Por la Misión Justicia
Aquel diciembre de 1999, el soberano fue llamado a aprobar una nueva Constitución. Pero la fecha la recordamos más por la lluvia implacable que produjo miles de muertos y desaparecidos y destrucción en nuestro querido Vargas, que por la aprobación misma de esta nueva Carta Magna. Ante tan grave crisis, todos esperábamos ansiosos una respuesta del Gobierno Nacional. Llegó de manera rápida, simple: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca"; léase, "corran a votar por mi Constitución, aunque les cueste la vida".La prioridad del Gobierno Nacional no fue el soberano. Fue fácil escurrir el bulto echando la responsabilidad en la resolución y atención inmediata del problema pues, para entonces, todo era culpa del saliente presidente Caldera y de los 40 años de la IV República.Llegó así, en medio de inundaciones, la nueva Constitución, y trajo consigo múltiples cambios. Nuestro país cambió de nombre, ahora son cinco y no tres los Poderes del Estado, y la nueva estructura social dio paso a las Misiones, que, aunque su aplicación se encuentra fuera de las líneas constitucionales y existen magnas dudas sobre su régimen presupuestario, se supone que deberían contribuir a saldar la ingente deuda social que nos asfixia.Han pasado largos cinco años, y las lluvias volvieron con la misma fuerza. Llovió sobre mojado. Esta vez hay más estados afectados, y según Cagigal, la vaguada podría volver en unos días. La situación en Vargas se agrava; los "dignificados" son los mismos del 99 y varios miles nuevos; los daños materiales se multiplicaron. La respuesta del Gobierno esta vez fue aún más simple, poco más o menos lo siguiente: "Hemos realizado el rescate de acuerdo a los estándares internacionales y la culpa de la lluvia es de Bush".La gente se pregunta: ¿de qué sirvieron las múltiples instancias creadas a raíz de la tragedia de 1999?; ¿qué pasó con los recursos asignados a la Autoridad Unica de Vargas?; ¿quién se responsabiliza por la ineficiente gestión de Corpovargas?; ¿qué ocurrió con los dineros y donativos destinados a la reestructuración, habilitación y recuperación de Vargas?; ¿por qué hay que llegar a la etapa de "rescatar" cuando lo indispensable es prevenir?Interrogantes sin respuesta. Y agregamos, ¿por qué no se hace justicia con los afectados de las tragedias de 1999 y 2005?; ¿por qué no se hace justicia con el soberano? Es obligación ética y social del Estado y el Gobierno hacer justicia. Justicia es suministrar una vivienda digna, generar las condiciones para la creación de empleos bien remunerados, la posibilidad de vivir en un sitio seguro, recuperar Vargas y los otros estados afectados. Visto esto, duele concluir que las Misiones no han contribuido a saldar la deuda social; que no son suficientes y que no llegan a todos. El Gobierno tiene una responsabilidad legal, constitucional, ética y moral con todos los venezolanos por estas nuevas desgracias. Empero, hace caso omiso de ello. Ante esto no nos queda más que exigir respuestas serias a todas nuestras interrogantes y desear que ojalá las Misiones llegaran a todos, fueran efectivas y no efectistas, estuvieran enmarcadas en las disposiciones constitucionales, legales y presupuestarias. Nada de esto parece estar en la verdadera agenda del Gobierno. Hay que instrumentar una misión: la "Misión Justicia". Y como el Gobierno no lo hace, nosotros lo haremos.
Miembro de Primero Justicia
http://buscador.eluniversal.com/2005/02/16/pol_art_opi2.shtml