El Mundo / Jueves / Caracas , 29 de Septiembre de 2005
Desobediencia civil sigue siendo una carta bajo la manga.
Un sector de la oposición no ha descartado la aplicación del artículo 350 de la Constitución, antes coreando el “Chávez, vete ya” y ahora contra los “intentos hegemónicos del gobierno”
Dorys Villarroel / Reyes Theis
La desobediencia civil sigue siendo una carta “bajo la manga” para un sector duro de la oposición, esa que espera el momento oportuno para colocarla sobre la mesa, dispuestos a la estrategia, especialmente en los escenarios de violencia que ellos creen puedan desatarse. En respuesta, los órganos de inteligencia del Estado siguen de cerca a estos grupo con la intenciónde neutralizarlos, según advierte el diputado regional y miembro del Frente Nacional en defensa de los Presos Políticos, Oscar Pérez.“Nos preparamos sin prisa pero sin pausa”, dice al definir el artículo 350 de la Constitución como “una herramienta que además de ser legítima es constitucional, pero que debe esperarse el momento apropiado y justo para aplicarla”.Pérezesunodelosconvocantesanuevasmovilizaciones de calle “en defensa de la democracia y por la libertad de los presos políticos” y de quienes, dealgunamanera,aspiranrevivirylucharhasta vencer con el 350. “Sin decir de manera apresurada cuándo va a ser, lo anunciaremos en su momento”, prometió el dirigente político quien junto a la periodista Patricia Poleo, el presidente de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, y el ex candidato presidencial,Oswaldo Álvarez Paz, entre otros, hacen quórum en el banquillo para ponersealbate, listoparavolveral terrenodelapolítica “encendida” a través de la desobediencia civil.Estos actores políticos se reunieron recientemente con el cardenal Rosalio Castillo Lara, quien en polémicas declaraciones para la prensa también invocó el regreso del 350. Oscar Pérez confesóqueelcardenaldejóbienclaro,ydemanera muy humilde, que se va compenetrar en la lucha pero como un ciudadano más, es decir, sin ser el convocante directo de las acciones de protesta.Enel encuentro, según el vocero, acordaron el llamado a un gran acuerdo de unidad nacional que permita la incorporación de factores políticos de la sociedad civil, individualidades, gremios y ciudadanos comunes en general para comenzar a diseñar estrategias “claramente concertadas que le puedan salir al paso a los intentos hegemónicos deHugoChávez que en los últimos díashan arreciado”.Se espera que el acuerdo también sea útil para discutir un proyecto de país incluyente.
Lectura peligrosa No es pertinente la interpretaciónaisladadel artículo350delaConstitución porque podría conducir a “conclusiones peligrosas para la estabilidad política e institucional del país”, dictaminó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de su ex presidente, magistrado Iván Rincón Urdaneta, el 27dejuniode2002yenrespuestaaunodelostantos recursos de interpretación que cursaron en la instancia sobre el polémico artículo.La sentencia también señala que el argumento delartículo350parajustificarel desconocimiento a los órganos del poder público democráticamente electos, de conformidad con el ordenamiento constitucional vigente, es igualmente impertinente ya que “se ha pretendido utilizar esta disposición como justificación del derecho de resistencia o derecho de rebelión contra un gobierno violatorio de los derechos humanos o del régimen democrático, cuando su sola ubicación en el texto Constitucional indica que ese no es el sentido queel constituyente asigna a esta disposición”.Además, se advierte que “quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia...” .El pronunciamiento del TSJ de alguna manera frenó a algunos sectores políticos de la oposiciónquese sostenían del 350comotabla desalvación y única vía para concretar el “Chávez vete ya”, que en el pasado hizo tanto ruido en las calles de las principales ciudades del país. Ganada la experiencia y conscientes de que “el 350 no nos aclara el escenario”, la llamada oposición democrática enfiló sus luchas hacia el terreno estrictamente electoral. Sin embargo, ahora nuevamente las paredes de varias urbanizaciones caraqueñas y de algunas regiones comienzan a hablar a través de los grafittis que piden a gritos “350 ya”. Asimismo, en una novedosa forma de protesta,han aparecido esqueletos depapel guindando en lugares públicos con un mensaje sintonizado con la propuesta de reactivar la desobediencia civil que establece el texto constitucional.Simultáneamente con los exhortos de papel, en sitios emblemáticos de las manifestaciones del pasado, como la Plaza Altamira, se vuelven a observar congregaciones de ciudadanos con velas, cruces y rostros llenos de rabia que expresan preocupación y deseos de “retomar la calle” amparados en lo que dice la Constitución. La convocatoria, en esta oportunidad, la realizan ciudadanos que no tuvieron protagonismo en “el trauma de lasguarimbasyelparo”,segúnexpresan,peroque “siempre han estado cargado de buenas intencionesymuchavoluntadparasacaralpaísdelfosoantidemocrático donde está cayendo”.El diputado oficialista y ex constituyente Willian Lara no cree en esas buenas intenciones opositoras. Considera que “no hay ninguna razón para la aplicación del artículo 350 de la Constitución en estos momentos porque es sólo para gobiernos no democráticos”.Asu entender, “la posición de ciertos sectores de la oposición es insurreccional, como lo hicieron en el 2002 y 2003”. Lara no cree que tengan ninguna posibilidad de pender en la conciencia popular porque “es un grupo de fanáticos que estimula la violencia, están aislados y quieren imponer su particular visión. Son los mismos que andan en la alocada idea del magnicidio”.
Prefieren el voto
El presidente de Acción Democrática, Jesús Méndez Quijada, considera que la desobediencia civil establecida en el artículo 350 de la Constitución no es más que una propuesta vaga que puede servir de proclama para la convocatoria de las masas en un momento determinado por parte de un grupo de la oposición que, entre otras cosas, descarta el debate y la vía electoral como instrumento de lucha.“Una vez que la oposición democrática decidió unas fórmulas unitarias para las próximas elecciones, nuestros esfuerzos deben centrarse allí”, dijo Méndez Quijada al descartar el uso de este instrumento.
La falta de una reglamentación hace inviable la aplicación del 350, según la abogada y dirigente de Primero Justicia, Delsa Solórzano.A su juicio, el citado articulo de la Constitución por sí solo no sirve de nada y tendría que ir acompañado de una propuesta legítima de los ciudadanos por algún hecho concreto que ocurra. Por ejemplo, que la falta de transparencia electoral obligue a desconocer ciertos poderes. “De los errores se aprende y, como dirían los niñitos, la guarimba y la desobediencia civil son barajitas repetidas que no han dado resultados y no vale la penal insistir en ellas”, admitió Solórzano.
El secretario general del MAS, Leopoldo Puchi, advierte sobre la ambigüedad del artículo. Interpreta que su uso podría aplicar en una protesta de parte del pueblo que pretenda deponer al presidente de la República, Hugo Chávez, pero también sería válido en una manifestación en contra de una autoridad que violente la ley y los derechos ciudadanos.“Solamente en términos de desobedecer a la autoridad en nombre de un derecho constitucional, el Movimiento Al Socialismo lo acompañaría, pero nunca como instrumento para deponer al Presidente por una vía no electoral”, apuntó.
Hablan los constituyentes
Claudio Fermín considera que “el artículo 350 es inconstitucional porque es la negación de la Carta Magna que establece un conjunto de normas como los vehículos de renovación de las autoridades y mal puede llamarse al desacato. Desobedecer las autoridades es una salida para llamar a la violencia. La única razón por la cual la mayoría lo aprobó fue para justificar que en 1992 hubo una verdadera masacre por parte de grupos golpistas; ahora tratan de reescribir la historia, pero lo cierto es que trataron de acceder al poder con un golpe de Estado y con el artículo en cuestión tratan de justificar lo injustificable”.
Willian Lara (MVR) dice que “el artículo lo propuso Elías Jaua, fue debatido y no contó con la aprobación de la oposición. Está inscrito en la perspectiva de la corresponsabilidad en la defensa de la democracia y de la Constitución y en el concepto de la obligación de todos los venezolanos a la defensa de la soberanía nacional. Hay una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la invocación del referido artículo para que cualquier ciudadano contribuya a restituir los derechos violentados por gobiernos no democráticos, como ocurrió el 13 de abril para deponer a Carmona”.
Hermann Escarrá en un artículo publicado en El Nacional el 6 de agosto de este año da su opinión sobre el polémico artículo. Dice que “constituye una de las normas más nobles del texto constitucional que, siguiendo la doctrina clásica, trata del derecho a resistencia, a la opresión ante instituciones, autoridades o regímenes ilegítimos (...). Convoca a una cruzada para defender la legitimidad democrática: se trata de una norma de autoaplicación que supera el esfuerzo de reglamentación de los magistrados del régimen y debe superar también la gravísima equivocación y peor interpretación en el acta Carmona”.
Un artículo que da para todoPocas normas han sido interpretadas según la conveniencia y la óptica particular de cada quien como el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
El24 de noviembre de 2001, los vecinos de Los Palos Grandes, amparados en dicho artículo, señalaban que se declaraban en desobediencia civil por lo que realizarían las elecciones de los jueces de paz en contraposición de un dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba la suspensión del acto de votación.
El 8 de julio de 2002, los colegios privados del país se declararon en desobediencia civil ante la posible implementación del nuevo calendario escolar. Igualmente, la asociación civil Queremos Elegir, al momento de aprobar el Parlamento la Ley de Designaciones, invocó el 350 con el supuesto objeto de impedir que se concretaran los nombramientos del fiscal general, contralor de la República, defensor del Pueblo y los magistrados del TSJ.
Pero fue en abril de 2002 cuando el controversial artículo tendría un efecto de mayores dimensiones al ser apelado por Pedro Carmona Estanga para asumir la presidencia del país y deponer al presidente Hugo Chávez. En efecto, la primera parte del decreto del 12 de abril de 2002 argumenta la designación de Carmona echa por “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia la paz y la libertad, (...) haciendo uso de su legítimo derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios garantías democráticas consagrado en el artículo 350 de la Constitución del 30 de diciembre de 1999”. Paradójicamente, el pueblo chavista se declaró en desobediencia civil para desconocer el gobierno de Carmona. Más tarde, una buena parte de los militares que se alzaron contra el gobierno de Chávez se iría a la Plaza Altamira invocando la norma.En diciembre del mismo año, Carlos Ortega en su condición de presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y Carlos Fernández, como líder de Fedecámaras, convocan a un paro nacional de trabajadores para presionar la salida del presidente Chávez o, al menos, a un adelanto de las elecciones. De igual manera, en el fragor de la huela general llamaron a la desobediencia tributaria y de los buques de Petróleos de Venezuela, así como a gran parte de sus trabajadores a que desconocieran la autoridad del Ejecutivo y de los otros poderes. Hoy, sectores de la oposición de nuevo hablan con insistencia de su invocación.
